España recibirá un anticipo inmediato de Bruselas de 283 millones para el empleo joven

- Rajoy afirma que la decisión adoptada facilita que los países que están cumpliendo sus programas de consolidación fiscal puedan acometer planes de empleabilidad juvenil de manera más ágil.

El Gobierno ha celebrado hoy la decisión de la Comisión Europea de ampliar la prefinanciación presupuestaria de la Iniciativa de Empleo Joven, quesupone que España reciba este año, con carácter inmediato, un anticipo de 283 millones de euros.

Según notas de prensa de los ministerios de la Presidencia y de Empleo, la prefinanciación de la Iniciativa de Empleo Juvenil, principal instrumento financiero para poner en marcha el Plan de Garantía Juvenil,se elevará al 30% este año, es decir 283 millones de los 943 millonesque le corresponden por esta línea.

Con la decisión de Bruselas, el presidente del Gobierno, MarianoRajoy, ha considerado que la Comisión Europea ha dado un paso muy importante en la activación económica y en la creación de empleoyha enviado a los ciudadanos europeos, especialmente a los jóvenes, un mensaje nítido sobre la determinación de la UE de poner medios para dejar la crisis atrás, cuanto antes.

Además, Rajoy ha opinado que la decisión adoptada facilita quelos países que están cumpliendo sus programas de consolidación fiscalpuedan acometer programas de activación del empleo juvenil de manera más ágil y eficaz.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha celebrado que la CE haya aceptado la propuesta de España de aumentar la prefinanciación de la Garantía Juvenil yha solicitado al Parlamento y al Consejo la aprobación "urgente" de esta modificacióndel reglamento del Fondo Social Europeo para que los estados miembros puedan beneficiarse cuanto antes del aumento de financiación.

Báñez ha explicado quelos 283 millones, que se suman a los 14 millones ya recibidos, se destinarán a facilitar la transición de la educación o el desempleo al mercado de trabajo en España.

La ministra ha recordado que el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil son uno de los principales instrumentos al servicio de la Garantía Juvenil, por lo que siempre ha defendido que se aumente la prefinanciación de las actuaciones por encima del 1,5 % previsto.

Tanto Rajoy como Báñez habían presentado esta propuesta a Bruselas hasta en once ocasionesen las cumbres y encuentros internacionales en materia de empleo juvenil desde abril de 2013.

La ministra ha recordado que España puso en marcha en febrero de 2013, antes de que Bruselas aprobara la Garantía Juvenil, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven que ha permitidoque más de 365.000 jóvenes tengan, a día de hoy, un empleo por cuenta ajenao gracias a alguna de las medidas desarrolladas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Según Báñez, el 66% de los jóvenes se beneficia de alguno de los incentivos a la contratación, a través de contratos formativos y en prácticas o incentivos a la contratación indefinida, y el 34% de medidas de fomento del autoempleo y el emprendimiento, especialmente la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social.

(Noticia extraída del ABC)

CEOE advierte que subir un 1,5% los salarios daña la competitividad

- Aumentaría el coste laboral unitario más que en la zona euro.

¿Qué pasaría si los salarios subieran un 1,5% como mínimo tal y como piden los sindicatos en la negociación del Acuerdo de Negociación Colectiva? Según CC OOy UGT una subida de estas características supondría un mensaje de recuperación del poder de compra que repercutiría positivamente en la reactivación del consumo y la demanda interna. Esto sería necesario para apuntalar el crecimiento, según los técnicos de las centrales.

Sin embargo, desde el lado empresarial las cosas se ven muy distintas. Según el argumentario enviado por los técnicos de CEOE a sus asociados una subida significativa de los sueldos, sobre todo este año, tendría tres efectos negativos.

En primer lugar, los empresarios aseguran que un alza del 1,5% o superior supondría un aumento de costes laborales “y, por lo tanto, una barrera de entrada a los desempleados”.

Derivado de este aumento del coste salarial, si se tiene en cuenta que en los ciclos económicos de recuperación se agotan las ganancias de productividad los costes laborales unitarios –lo que cuesta elaborar una unidad de producto– se dispararían por encima de los de sus más directos competidores de la zona euro. Esto situaría a las empresas españolas en una clara desventaja competitiva.

En concreto, desde CEOE calculan que si el PIB creciera un 2,5% y los salarios se incrementaran el 1,5% que piden los sindicatos, los costes laborales unitarios en España crecerían al menos un 1,2%. Esto supondría varias décimas por encima de la media prevista para el avance de estos costes en la unidad monetaria, fijada en menos del 1% para 2015.

Y dado que lo que plantean los sindicatos es un suelo, si las retribuciones subieran un 2% los costes salariales unitarios se elevarían un 1,7% y un 2% en los próximos dos años, un punto por encima del avance que registrarán los países de la zona euro. Si esto se produjera, España perdería el equilibrio alcanzado el pasado año cuando consiguió alinear el avance de sus costes laborales unitarios con la media de la zona euro, por primera vez desde la llegada del euro.

Qué ocurrió en 2014

Además, la patronal alerta sobre un posible tercer efecto negativo. Según dice, un aumento de las características del que piden los sindicatos daría menos margen a los negociadores de los convenios para introducir salarios variables. Así, aseguran que con aumentos del 1% si se quieren añadir fórmulas de salario variable y cláusulas de garantía salarial, el coste salarial final se podría duplicar.

Dicho esto, los técnicos de CEOE recurren a lo ocurrido en 2014 para desarmar los argumentos sindicales. A falta de conocerse los datos del cuarto trimestre, recuerdan que la demanda interna podría aportar un crecimiento al PIB de dos puntos porcentuales y el consumo privado aumentaría cerca del 2,4%. Mientras que los costes salariales estuvieron estancados el pasado año y la creación se situó en tasas del 1,2% en media anual, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Y añaden que en España “la creación de empleo pesa más en el consumo que el incremento de los salarios debido a los altos niveles de desempleo”.

El uso del IPC también genera polémica

Otra de las cuestiones que separan a patronal y sindicatos a la hora de firmar las recomendaciones salariales para este año y el próximo es la referida al papel que debe jugar la inflación en la fijación de los incrementos retributivos.

Los sindicatos creen que la fórmula para fijar estas alzas debería tener como referente el 0,6% de IPC que incluyen los Presupuestos Generales en 2015.

Pero los empresarios rechazan frontalmente esa propuesta y se remiten a las previsiones de los expertos que prevén caídas de precios de entre el 0,5% y el 0,8% este año, según el documento enviado por CEOE a su Junta Directiva. Así, la patronal recuerda que “en un escenario de inflación baja e incluso negativa, cualquier incremento salarial supone ganar poder adquisitivo”.

Por el contrario, CEOE también se pone en el escenario contrario, si los precios subieran. En ese caso argumentan que cualquier variación en el precio del petróleo o las actuaciones del Banco Central Europeo (BCE) para devolver la inflación a su objetivo cercano al 2% podrían hacer que los precios comiencen a subir a finales de 2015. “En consecuencia –señala CEOE– cualquier referencia al IPC en el criterio salarial, trasladaría toda la incertidumbre y el coste asociado al sector empresarial, mientras que asegura a los trabajadores el poder adquisitivo”. Por ello, concluyen que:“la inflación no se puede usar como criterio negociador”.

Sin embargo, los sindicatos insisten en lo contrario. Es más además de utilizar este criterio para fijar las alzas salariales quieren añadir las cláusulas de garantía salarial, tan en desuso ahora por el bajo nivel de precios. De hecho en la actualidad apenas el 30% de los trabajadores con convenio tienen una de esas cláusulas.

(Noticia extraída de CINCO DÍAS)

El Tribunal de la UE pone más trabas a compensar pérdidas

- Las barreras para la consolidación fiscal de multinacionales impuestas por Reino Unido se ajustan al Derecho de la UE.

En el caso de que la normativa del Estado comunitario donde resida la filial de un grupo multinacional no contemple ninguna posibilidad de imputar las pérdidas a un ejercicio posterior, el hecho de que el Estado miembro de residencia de la sociedad matriz excluya la consolidación fiscal de los grupos trasfronterizos no menoscaba la libertad de establecimiento.

Así, lo establece una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 3 de febrero de 2013, iniciado por la Comisión Europea, que defendía en sus alegaciones, que la Ley del Impuesto sobre Sociedades del Reino Unido hacía virtualmente imposible que las sociedades matrices residentes pudiesen acceder a la consolidación fiscal de grupos trasfronterizos.

Alegaba que en la práctica sólo permite tener en cuenta dichas pérdidas en dos situaciones: una cuando según la legislación del Estado de residencia de la filial no fuese posible imputar las pérdidas a ejercicios posteriores y, en segundo lugar, cuando se iniciase un proceso de liquidación de la filial antes del cierre del ejercicio fiscal en el que se hubiesen sufrido las pérdidas.

Bruselas paga las costas

La sentencia, que ha contado con el apoyo de letrados de España, Alemania, Holanda y Finlandia, declara ajustada al Derecho comunitario la legislación del Reino Unido sobre consolidación fiscal de las filiales residentes de grupos con matiz no residente, y condena a la Comisión Europea a pagar las costas. Bruselas interpuso el recurso al considerar que las normativa del Reino Unido vulneraba el principio de libertad de establecimiento.

El fallo supone un importante paso para consolidar las legislaciones que imponen trabas a la deslocalización de los beneficios de los grupos multinacionales.

El Tribunal de Justicia recuerda que las pérdidas sufridas por una filial no residente sólo pueden considerarse definitivas -en el sentido establecido por la sentencia comunitaria del residencia, pues mientras siga percibiéndolos, aunque sean mínimos, existe la posibilidad de que las pérdidas aún puedan compensarse con los beneficios futuros obtenidos en ese mismo Estado.

Este fallo parte de la sentencia de 13 de diciembre de 2005, del propio TJUE, en el caso Marks&Spencer, que decretó que régimen de consolidación fiscal que no permite a una sociedad matriz deducir de su beneficio imponible las pérdidas de sus filiales establecidas en el extranjero es, en principio, compatible con el Derecho de la UE.

Así, el ponente, el magistrado Koen Lenaerts, determina que el Reino Unido ha confirmado, que si dicha filial ya no percibe ingresos en su Estado miembro, desde una sociedad matriz residente que se ha acogido a la consolidación fiscal, puede demostrarse que las pérdidas de la filial no residente son definitivas cuando, tras el cierre del ejercicio fiscal en el que se hayan sufrido las pérdidas, la filial haya cesado en sus actividades mercantiles y haya vendido o se haya desprendido de todos los activos en que generen ingresos.

Por otro lado, la Comisión estimaba que las pérdidas sufridas antes del 1 de abril de 2006 quedaban excluidas de la consolidación fiscal de los grupos trasfronterizos, dado que las disposiciones previstas en la normativa únicamente se aplican a las pérdida sufridas después del 1 de abril de 2006, fecha de entrada en vigor de la Ley de Presupuestos de 2006, que reformó la norma.

El fallo considera que Bruselas no ha demostrado que existan ocasiones en que no se haya concedido la consolidación fiscal de los grupos trasfronterizos para pérdidas anteriores a esa fecha, ya que se ha procedido a ello a través de la legislación vigente en aquel momento, aplicando las exigencias de la sentencia del caso Marks&Spencer.

(Noticia extraída de EL ECONOMISTA)

El Estado es responsable de la filtración de un sumario judicial

-  Supone una violación de derechos humanos de los imputados.

Los fallos del Estado en la custodia de la documentación del sumario, que motivan la posterior filtración a los medios de comunicación de conversaciones gravadas de cargo público acusado de corrupción y de parte del expediente, suponen una violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el hogar y la correspondencia, según establece unasentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 3 de febrero 2015, aprobada por unanimidad de la Sala.

En ella, se rechazan las alegaciones del Gobierno rumano sobre la posibilidad de denunciar y llevar a juicio a los periodistas y medios de comunicación que filtraron las informaciones.

El litigio versa sobre un alcalde fue detenido junto a su esposa y tres hombres de negocios acusados de corrupción. En la actualidad está en prisión preventiva, pero del expediente de la investigación se publicaron en medios de comunicación, diversos extractos de conversaciones telefónicas interceptadas, incluyendo conversaciones con personas que no tienen nada que ver con el proceso penal, así como documentos sobre las actuaciones. Además, otros artículos se centraron en su vida privada.

Dicen los magistrados que el afectado carecía de medios para denunciar a las autoridades por la fuga de información y en ausencia de una fuente claramente identificada habría sido muy gravoso para el solicitante haber seguido una demanda por responsabilidad civil.

La Sala considera que el Gobierno debería haber establecido los cauces necesarios para que el afectado recurriese, tras la violación de sus derechos, después de incumplir el Estado su obligación de custodia de la información en su poder. 

(Noticia extraída de EL ECONOMISTA)

El robo con violencia de camino a casa es accidente de trabajo

-  Los tribunales estudian con frecuencia casos de accidentes laborales 'in itinere', pero su interpretación no es unánime. Las diversas sentencias dictadas al respecto van marcando las líneas a seguir.

Un accidente de coche al ir a la oficina, una caída de vuelta a casa, o un robo con violencia en el trayecto hacia el domicilio particular. La casuística de los accidentes de trabajo in itinere, aquellos que se producen en el trayecto de ida o vuelta entre el domicilio y el lugar de trabajo, es tan amplia que los tribunales han tenido que pronunciarse en numerosas ocasiones en función de cada caso concreto para determinar si se trata o no de contingencias laborales.

El artículo 115.2 de la Ley General de la Seguridad Social contempla los accidentes que sufren los empleados al ir o volver de la oficina dentro del ámbito del accidente de trabajo, pero ha sido a base de sentencias de los tribunales como se han ido delimitando los casos que entran dentro de un concepto que aparece regulado de forma muy amplia.

Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha considerado accidente in itinere el robo con violencia sufrido por una trabajadora en el trayecto del trabajo a su casa. Concretamente, se trataba de la empleada de un estanco que, tras cerrar el local a las ocho de la tarde, fue víctima de un robo. El suceso le causó una incapacidad temporal por trastorno adaptativo.

Gran variedad de casos

Entre las numerosas sentencias que han dictado los tribunales a favor de reconocer la circunstancia de accidente de trabajo in itinere aparecen casos como el de un hombre que fue asesinado cuando accedía a su domicilio procedente del trabajo, otro que sufre un infarto de miocardio cuando esperaba el autobús de la empresa, o el accidente ocurrido durante el regreso al domicilio familiar de un empleado desde el lugar de trabajo al que había sido desplazado por la empresa. También se ha reconocido como accidente de trabajo la caída por las escaleras de una mujer en el edificio donde se ubica su domicilio, cuando se dirigía al trabajo. Sin embargo, no hay unanimidad al decidir sobre estos supuestos y los tribunales tienen que interpretar en cada caso si se cumplen o no los requisitos.

Sin embargo, tanto el juzgado de lo social como el Tribunal Superior de Justicia de Galicia negaron la posibilidad de considerarlo accidente de trabajo al entender que el robo no se produjo con intención de sustraerle la recaudación de la caja del estanco. No opina lo mismo el Tribunal Supremo, que ha rechazado esta interpretación afirmando en esta sentencia que el ataque sufrido por un trabajador por parte de terceros debe ser considerado accidente de trabajo siempre que no obedezca a razones personales entre el agresor y el agredido.

El Alto Tribunal argumenta su postura comparando el caso de la víctima del robo con otros sucesos ya estudiados por la Justicia. Señala, por ejemplo, el caso de un trabajador que murió en una trifulca con un compañero a causa de problemas personales en torno a la esposa de uno de los afectados. En ese caso se descartó la consideración de accidente de trabajo.

En muchos casos, el accidente tiene que ver con el tipo de transporte que se utiliza. Hace unos meses, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaba una sentencia en la que calificaba de accidente in itinere la caída de un trabajador que se desplazaba de la oficina a su casa en patinete y que le causó diversas fracturas.

En este caso, el tribunal tomó la decisión de considerarlo accidente de trabajo in itinere por "haberse producido el desplazamiento entre el centro de trabajo y el domicilio habitual, en el trayecto habitual y con un medio idóneo de transporte". En este sentido, la sentencia apuntaba que "el uso del patinete tiene como finalidad principal un rápido desplazamiento desde el centro de trabajo al domicilio habitual" y ello hace que sea considerado un medio de transporte "idóneo".

Además, el tribunal explicaba que otros medios de transporte de ese tipo, como la bicicleta, han sido admitidos en estos casos. Eso sí, advertía de que si se incluye en el trayecto una marcha de entretenimiento deportivo antes de llegar al domicilio aumentando el tiempo, el recorrido y desviándose del camino habitual, no puede ser considerado accidente de trabajo.

La clave para que se declare la contingencia laboral en este tipo de desplazamientos es que se cumplan una serie de requisitos: que suceda en el trayecto de ida al trabajo o regreso al domicilio, que se use el camino habitual y que no haya interrupciones temporales o desviaciones (que podrían romper el nexo causal entre la lesión y el trabajo).

Además, los tribunales también han valorado el hecho de que el accidente pueda estar relacionado con una imprudencia grave y consciente por parte del trabajador, aunque aquí también hay lugar para interpretaciones: por ejemplo, la infracción de alguna norma de tráfico no tiene por qué implicar, de por sí, una imprudencia.

Aunque las bases parecen estar claras, la amplia casuística que sigue llegando a los tribunales pone de manifiesto que sigue habiendo recorrido en este ámbito tan amplio del Derecho laboral.

Las reglas básicas

- El hecho de que se considere o no accidente de trabajo in itinere tiene una incidencia directa en la cuantía de la prestación o el subsidio a que tenga derecho el empleado.

- Los accidentes de este tipo han dado lugar a una enorme casuística jurisprudencial, pero hay unas bases claras al respecto.

- El domicilio del trabajador ha de ser el habitual, incluyendo no sólo el legal, sino también el real o incluso el familiar o el de vacaciones. Lo importante es que el lugar de trabajo sea el punto de destino o de partida.

- El medio de transporte utilizado para desplazarse ha de ser normal o idóneo, entendido como aquél que no aumente innecesariamente el riesgo durante el desplazamiento.

- El trayecto seguido debe ser el adecuado, que no tiene por qué ser siempre el mismo ni tampoco el más corto.

- El tiempo invertido en el desplazamiento debe ser el normal, sin interrupciones injustificadas que interrumpan el nexo de causalidad, lo que en ocasiones genera valoraciones contradictorias en relación con la duración y el motivo de la interrupción.

(Noticia extraída de EXPANSIÓN)